Debido a errores en la investigación no se indaga a un hombre señalado por un chofer como el que daba las órdenes a policías estatales la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El Grupo de Expertos de la CIDH insiste en sus recomendaciones que se incluya en las averiguaciones de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa la participación de la Policía Estatal. El testigo declaró de manera convincente y espontánea que había sido detenido por esa corporación, pero ante la PGR cambió su declaración.
Por Lourdes Chávez
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo/El Sur).- Un hombre que coordinó al menos una parte de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, aún sin identificar, puede desaparecer de la investigación por errores en la toma de las declaraciones y el retraso de diligencias clave, advierte en su análisis el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Fue señalado por un testigo como “un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio” de unos 40 años, que ya no se menciona en la ampliación de su declaración, y aunque contradice los primeros datos no hay cuestionamientos de los investigadores sobre las falencias evidentes.
Este personaje que puede ser borrado del caso está relacionado con la intervención directa de policías estatales en los ataques de Iguala, según la información que aportó el testigo, que en su segunda declaración indicó que eran policías municipales (y no estatales) quienes se lo llevaron detenido.
Los datos son parte de las declaraciones de los dos choferes de autobuses Estrella de oro con números económicos 1531 y 1568, donde viajaban los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos por policías municipales de Iguala y de Cocula, luego desaparecidos pese a la observación del Ejército y en acciones coordinadas con las policías Federal y Estatal.
Ninguno fue liberado inmediatamente, fueron golpeados y uno fue llevado a la comisaría de barandillas antes de dejarlos en libertad, y otro desde las afueras de Iguala fue llevado a una casa de delincuentes en el centro de la ciudad.
El 8 de abril de 2015 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tomó la declaración de ambos choferes, una semana después de que lo solicitó el GIEI, separado de la investigación en abril.
En el primer informe de los expertos se detalla que el chofer del autobús 1568 declaró que fue golpeado y llevado a barandillas, la cárcel municipal, mientras el conductor del autobús Estrella de Oro 1531 que se encontraba en el escenario del Palacio de Justicia (del que fueron desaparecidos todos los estudiantes), fue trasladado a una casa particular en una camioneta de la Policía Estatal.
En presencia de los expertos, el chofer indicó que fue llevado “a una casa de dos pisos de color blanco con portón negro que se encontraba a 15 minutos de donde me agarraron, siendo en el centro, en la zona del centro de la ciudad de Iguala”. Mientras lo trasladaban fue amenazado con que sufriría la misma suerte de los normalistas.
La búsqueda del lugar fue en julio de 2015, tres meses después de su declaración y a nueve meses de la agresión, sin la presencia del testigo clave, lo que generó sospechas de los expertos en la diligencia judicial.
De la primera declaración dice el chofer que “al llegar (a la casa) me sentaron entre dos policías encapuchados y salió un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio” de unos 40 años, y quien dijo “quién chingados es este cabrón”. Los policías le dijeron “es el chofer del autobús”.
De aquella conversación entre el hombre y los policías añadió: “dijo el señor ‘pues llévenselo también ya saben a dónde’, y se fue caminando hacia su camioneta, la cual no pude ver bien y les gritó: Déjenlo que se largue”.
El chofer salió corriendo sin saber hacia donde y caminó rumbo a la terminal, “mientras seguía lloviendo moderadamente”.
El grupo concluyó que el testimonio del conductor del Estrella de Oro 1531 muestra que al menos una parte de la operación estaba siendo dirigida y coordinada por este hombre sin identificar, ya que daba las órdenes.
También muestra que al menos frente a la detención de los choferes, los policías no sabían bien qué hacer con ellos una vez detenidos y golpeados.
Los expertos insistieron en que se investigue la participación de la Policía Estatal en el escenario del Palacio de Justicia, así como “la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos, si fue acorde a Derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente con la obligación de proteger a los ciudadanos”.
En su informe final el GIEI denuncia que la Procuraduría General de la República (PGR) no realizó las acciones necesarias para esclarecer la participación de la Policía Estatal en los hechos, ni pruebas indispensables como la confrontación de la evidencia balística con las armas de la Policía Estatal.
Al contrario, denunció que en seguimiento a esta recomendación recibió de nuevo la declaración del testigo que había relatado al GIEI y frente a la PGR que fue detenido por la Policía Estatal.
Recordaron que en la primera oportunidad, se le preguntó al testigo por qué afirmaba que sus captores pertenecían a esa corporación, y él respondió que en el escudo de la patrulla donde le llevaron detenido se leía “Policía Estatal”.
Sin embargo, en la ampliación de la declaración del 14 de enero de 2016, sin la presencia del GIEI, el testigo declaró que lo detuvieron policías municipales, “los uniformes los identifiqué porque como soy conductor de autobús los conozco y la patrulla decía Policía Municipal”, se lee en el acta.
Contrariado, el GIEI dice que “desconoce las razones que llevaron al testigo a modificar lo declarado de forma tan precisa y asertiva en su presencia” nueve meses antes.
Afirmó que en abril de 2015 el testigo declaró de manera convincente y espontánea que había sido detenido por Policía Estatal, y el agente del Ministerio Público que acompañaba la diligencia quiso abundar en la respuesta y profundizó el interrogatorio. El testigo respondió entonces que tenía certeza porque leyó en la puerta de la patrulla que lo detuvo la “Policía Estatal”.
En la ampliación de su declaración, ningún agente le preguntó por qué cambiaba la versión inicial dada en abril a la PGR y en presencia del GIEI.
En el acta dice que cuando le pidieron que reconociera la casa blanca de dos pisos, donde estuvo privado de su libertad, a partir de varias fotografías, el chofer señaló la imagen que correspondía a las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala.
Los expertos precisaron que la cárcel municipal se encuentra a espaldas de las instalaciones del seguro social y con un sello de la PGR en un portón de doble hoja azul, y en la parte superior un techo con teja color ladrillo con una edificación blanca de dos niveles ubicada entre las calles Guillermo Santana, lzanac y esquina con L. Rayón, colonia Centro en la que se lee un rótulo en lo alto que dice Policía Municipal.
Advirtieron que la ubicación de la Comandancia no coincide con las referencias brindadas antes por el chofer, que fueron incluso señaladas en un mapa y revisadas por un perito en ingeniería civil para tomar coordenadas, tomar fotografías y localizar el inmueble y el sitio.
Asimismo expresaron sorpresa de que el rótulo que dice “Policía Municipal de Iguala” no fuera mencionado por el testigo, siendo “una señal tan visible y en un sitio que en el momento en que el testigo habría llegado, entre las 23:15 y las 23:45, se encontraba rodeado de patrullas”.
Consideran importante evaluar las contradicciones y la protección de los testigos del caso, porque durante seis meses la PGR no ha cumplido la recomendación del GIEI de investigar la posible participación policías estatales en los hechos, fue hasta casi concluir su mandato que comenzó a entrevistar a policías estatales, y la información no fue analizada por los expertos. Recomendó aclarar “definitivamente los hechos señalados y las responsabilidades en el caso”.
De los procedimientos de investigación, el grupo denunció que la ausencia de diligencias clave de investigación fue patente en muchos momentos del trabajo de asistencia técnica.
“Por ejemplo se presentan retardos injustificados en la práctica de muchas declaraciones, como en las declaraciones de los dos choferes de los autobuses Estrella de Oro 1568 y Estrella de Oro 1531, autobuses de los que fueron bajados los 43 normalistas desaparecidos. Sólo fueron tomadas cuando el GIEI las solicitó, después de su llegada al país, es decir meses después de la ocurrencia de los hechos, cuando fueron testigos oculares de excepción de la detención de los estudiantes desaparecidos y han proporcionado información muy relevante para el caso”.
